Con sus nuevas facultades, ahora el gobierno federal podrá criminalizar y tipificar como -delincuencia organizada- ciertas conductas de defraudación fiscal y como consecuencia de ello, aplicar acciones de extinción de dominio; con base en artículos que en nuestra opinión pudieran estar violentando los derechos humanos de los contribuyentes, como a continuación exponemos.